El abuso sexual infantil facilitado por la tecnología dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática estructural en Colombia. Así lo revela el estudio “Disrupting Harm”, presentado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, considerado el análisis global más amplio realizado hasta ahora sobre este tipo de violencias en entornos digitales.
Los resultados para Colombia muestran una dimensión alarmante: uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet entre los 12 y 17 años sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología en un solo año. Esto equivale a cerca de 860.000 menores de edad afectados en el país.
La investigación, financiada por el fondo global Safe Online, hace parte de un estudio desarrollado en 25 países desde 2019 y que tuvo una inversión cercana a los 15 millones de dólares. En Colombia, el análisis se construyó a partir de una encuesta nacional representativa aplicada a 999 adolescentes y sus familias, además de entrevistas con sobrevivientes, autoridades, especialistas y profesionales de atención.
Más allá de las cifras, el informe pone el foco sobre factores estructurales que permiten que el abuso sexual infantil persista: la desigualdad económica, las brechas de género, los vacíos legales, la falta de regulación tecnológica y las barreras institucionales para acceder a la justicia.
Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia, señaló que las tecnologías digitales ofrecen oportunidades importantes para garantizar derechos, pero también introducen riesgos que requieren respuestas urgentes desde distintos sectores.
Desigualdad y pobreza: factores que facilitan el abuso sexual infantil
El estudio concluye que las niñas y adolescentes mujeres enfrentan mayores niveles de riesgo. El 25% de las encuestadas reportó haber sufrido alguna forma de violencia sexual facilitada por la tecnología, frente al 17% de los hombres adolescentes.
La situación también golpea con más fuerza a quienes viven en zonas rurales. Mientras el 29% de adolescentes rurales reportó experiencias de abuso o explotación, en las áreas urbanas la cifra fue del 17%.
La investigación advierte que estas diferencias no son casuales. La pobreza, las limitadas oportunidades económicas y la desigualdad de género generan contextos donde los menores de edad quedan más expuestos a redes de explotación sexual, turismo sexual y economías ilegales vinculadas a plataformas digitales.
En Colombia, además, el estudio identifica la incidencia de industrias como las cámaras web y el turismo sexual, que terminan aprovechándose de contextos de vulnerabilidad económica.
El informe también alerta sobre el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de niños, niñas y adolescentes, una práctica que podría expandirse rápidamente debido a la masificación de estas tecnologías y a la falta de regulación efectiva.
Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, advirtió durante la presentación del estudio que la discusión no debe centrarse en prohibir el uso de celulares, sino en regular los algoritmos y los entornos digitales que facilitan estas conductas.
Según el ICBF, actualmente existen al menos tres leyes en Colombia orientadas a proteger a la niñez frente al abuso sexual infantil. Sin embargo, el estudio sostiene que muchas de estas garantías jurídicas “siguen siendo de papel” debido a dificultades en la implementación y a procesos que terminan revictimizando a quienes denuncian.
El abuso sexual infantil ocurre también fuera de las pantallas
Uno de los hallazgos más relevantes de “Disrupting Harm” es que el abuso sexual infantil no se limita al entorno virtual. Muchas veces combinan interacciones digitales con encuentros presenciales.
El 50% de los casos reportados en Colombia fueron perpetrados por personas conocidas por las víctimas: familiares (22%), parejas o intereses románticos (14%) y amistades (14%). Solo el 21% correspondió a desconocidos.
Entre las formas de violencia más frecuentes aparecen el envío de imágenes sexuales no deseadas (15%), ofertas de dinero o regalos a cambio de contenido íntimo (6%), presión para compartir fotografías sexuales (5%), amenazas de difusión de imágenes privadas (3%) y casos de extorsión sexual (2%).
Las plataformas más utilizadas para estas prácticas fueron redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram, mientras que el 14% de los casos se registró en plataformas de videojuegos.
Otro dato que preocupa a las organizaciones es que, pese a existir canales oficiales de ayuda y denuncia, prácticamente ningún adolescente acudió a mecanismos formales de reporte durante el último año.
El 34% de quienes sufrieron estas violencias no se lo contó a nadie.
Las principales barreras identificadas fueron la vergüenza, el miedo al estigma, la desconfianza institucional, no saber dónde denunciar o creer que “no era suficientemente grave”.
Actualmente, Colombia cuenta con mecanismos como la línea 141 del ICBF, la plataforma Te Protejo Colombia y el portal ¡A Denunciar! de la Policía y la Fiscalía General de la Nación.
Prevención: una responsabilidad compartida
El estudio insiste en que la prevención del abuso sexual infantil no puede recaer exclusivamente sobre niños, niñas y adolescentes.
Por el contrario, plantea que el reto está en transformar los entornos digitales y físicos para reducir las condiciones que facilitan estas violencias.
Fabio González Flórez, líder de proyectos de ECPAT International, aseguró que enfrentar este problema requiere acciones coordinadas entre gobiernos, plataformas digitales, familias, comunidades y organizaciones internacionales.
Entre las recomendaciones principales del informe se encuentran fortalecer los sistemas de protección y justicia, mejorar los mecanismos de denuncia, combatir la normalización de la violencia sexual y promover educación digital y emocional desde edades tempranas.
El documento también plantea la necesidad de exigir mayor responsabilidad ética a las empresas tecnológicas y a quienes diseñan algoritmos y plataformas digitales.
Desde INTERPOL, Mark Beavan afirmó que el desafío está en avanzar más rápido que las redes criminales y construir respuestas coordinadas que permitan “interrumpir el daño”.
La investigación concluye que Colombia cuenta con herramientas jurídicas y profesionales capacitados, pero advierte que se necesita una inversión sostenida, mayor articulación institucional y controles más estrictos sobre las plataformas digitales.
El informe completo puede consultarse en Safe Online Colombia – Disrupting Harm.
