Cooperativas de Trabajo Asociado en estado preocupante
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP ha venido requiriendo a las cooperativas de trabajo asociado y les obliga a tomar como base para las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social y para las contribuciones especiales con destino al SENA, ICBF y cajas de compensación, la totalidad de los pagos que reciba el trabajador asociado, denominados o no como compensaciones, con cualquier periodicidad, sea mensual o no, desconociendo totalmente el régimen de trabajo asociado.
Desde Confecoop se ha pedido insistentemente revisar estas actuaciones, ajustándolas conforme a lo dispuesto en el Decreto 4588 de 2006, la Ley 1233 de 2008 y sus normas complementarias. El Ministerio del Trabajo tiene claro y acoge en términos generales los argumentos jurídicos presentados por las cooperativas, pero la UGPP se niega a su aplicación.
La interpretación errónea y amañada de la ley por parte de la UGPP, pretende dejar a los trabajadores asociados sin derecho al pago de las bonificaciones semestrales (prima de servicios) y de las anuales acumuladas y los intereses sobre las mismas (cesantías e intereses a las cesantías), violando la Norma Constitucional que en el Artículo 25 trata sobre la defensa del trabajo en cualquiera que sea su vinculación.
El efecto de los mencionados procesos de fiscalización ha determinado, en muchos casos, la imposición de multas exorbitantes, algunas de ellas prácticamente expropiatorias del capital social, y que están generando un enriquecimiento indebido del Estado y de algunos particulares que al parecer, tienen negocios con funcionarios públicos, pues en algunos casos antes de que llegue un requerimiento, firmas de abogados llaman a las cooperativas a advertirlo y a ofrecer sus servicios, generándose así un caldo de cultivo para la corrupción, pues de las millonarias multas impuestas, un porcentaje significativo se presume está siendo destinado a las firmas que contratan con el Estado para llevar a cabo las visitas de inspección, como consecuencia de las cuales decretan las mencionadas sanciones. No obstante, los recursos de ley interpuestos por las cooperativas, basados en el análisis normativo y jurisprudencial vigente, se han mantenido en firme por parte de la UGPP, siendo imposible su asunción por las cooperativas de trabajo asociado que han sido afectadas con estas medidas.
El efecto de esta interpretación jurídica inadecuada, no es otro que la total desaparición de las cooperativas de trabajo auténticas, que luego del proceso de ajuste y depuración adelantado desde hace cinco años, continúan ofreciendo una alternativa autogestionaria, sostenible en el mediano y largo plazo, en un entorno económico y de creación de oportunidades de trabajo y laborales muy difícil en el país. Las cooperativas de trabajo asociado son empresas autogestionarias, en donde el trabajador goza, al mismo tiempo, de tres condiciones: dueño/propietario de la empresa, gestor y administrador de la misma y trabajador directo.
Teniendo en cuenta que las acciones de la UGPP ponen en riesgo la sostenibilidad de 92.000 puestos de trabajo, según las estadísticas reportadas por las cooperativas de trabajo asociado a las diferentes superintendencias que las vigilan, estas exigen al Ministerio del Trabajo y a la UGPP la solución definitiva a este problema y hacer cumplir los lineamientos constitucionales que señalan que el Estado deberá promover, proteger y fortalecer las formas asociativas y solidarias de la propiedad, al igual piden de manera especial a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que tome cartas en el asunto e inicien las pesquisas que sean necesarias ante lo sucedido.
BENEFICIOS DEL SECTOR SOLIDARIO EN MEDELLÍN
Cada año, las cooperativas destinan recursos importantes para inversión social provenientes de los excedentes anuales y del presupuesto ordinario que cada una establece en sus planes de acción. En educación, por ejemplo, el sector cooperativo colombiano ha invertido más de 900 mil millones de pesos en los últimos 12 años, en cumplimiento al decreto 2880 de 2004. Por su parte, la Inversión Social de la Economía Solidaria en Medellín durante los años 2005 y 2016 fue por un total de $511.615.810.156.
